El Gobierno está dispuesto a empezar a demostrar su voluntad de
resarcir a los colectivos más afectados por los recortes durante la crisis. En
varios ministerios se trabaja ya en propuestas que podrían aplicarse a un
paquete de gasto, cuya cuantía aún no se ha concretado, y que se focalizarían
sobre sectores bien definidos. El
objetivo político es claro: medidas que se noten y permitan al Ejecutivo
congraciarse con el mayor número posible de votantes.Hacienda y
Administraciones Públicas, Sanidad y Asuntos Sociales y Trabajo, son los
departamentos más concentrados en este esfuerzo, que se financiaría dentro del
margen que permita la mayor recaudación.
Es en
esa estrategia en la que se enmarca ahora la voluntad de negociar con los
funcionarios, un grupo de casi
tres millones de personas a
los que la política de austeridad y ahorro ha golpeado directamente.
El próximo día 16, Hacienda llevará a la mesa de la Función
Públicael plan que diseña para este colectivo, y que ayer saltó
a la opinión pública sin que el Gobierno pudiera controlarlo.
A
primera hora, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes,José
Luis Ayllón, aseguró que las informaciones aparecidas en varios
medios de comunicación eran una "sorpresa" para el Gobierno y negaba
que "en este momento" el Ejecutivo tenga planes específicos para
compensar a los funcionarios.
Poco
después, el propio ministro de Hacienda matizaba estas palabras que habían
sonado a desmentido. Montoro confirmó que la intención es "devolver
el esfuerzo a todos y también a los funcionarios", aunque
calificó las informaciones de "incorrectas" y
"precipitadas".
Fuentes
del departamento que dirige Cristóbal Montoro admitieron que el paquete de
propuestas existe aunque no está cerrado, y apuntan que, del conjunto de
medidas que se están barajando, a expensas todas ellas de las disponibilidades
presupuestarias, la primera y "más lógica" es la devolución
de la paga extra que se les suprimió en 2012. Tampoco creen que
haya dificultad en la recuperación de los llamados moscosos -sólo resta uno por
reimplantar- porque tendría escasa repercusión en las cuentas públicas.
Distinta es la idea de proceder a una subida salarial. Ésta es
una medida más complicada, no sólo por su impacto económico sino porque además
debe conjugarse con el nivel de inflación. Se trata, no obstante, de una
posibilidad que podría abordarse, como desean los sindicatos, en una mesa de
negociación, pero con la vista puesta en el largo plazo.
Ayer,
tras una mañana confusa de informaciones cruzadas por parte del Gobierno, la
Dirección General de la Función Pública se puso en contacto con los
representantes sindicales -CSIF, CCOO y UGT-
para pedirles "tranquilidad y prudencia", al mismo tiempo que se les
aseguraba la "voluntad del Gobierno de compensar a los funcionarios
públicos", aunque previamente sea necesario "valorar las
posibilidades presupuestarias".
"Queremos avanzar en la
negociación", fue el mensaje expreso con el que se
hacía referencia a las reuniones que se han mantenido tras las elecciones del
24 de mayo para recuperar el diálogo social.
Los
sindicatos piden propuestas concretas
Por parte de los sindicatos se pide al Gobierno una negociación
seria "con propuestas concretas y con luz y taquígrafos", evitando
los «globos sonda» de carácter electoral con los que se pone en evidencia la
"falta de coordinación" dentro del Ejecutivo.
El
presidente de CSIF, Miguel
Borra, exigió al Gobierno "seriedad" en sus
planteamientos porque, advirtió, los funcionarios no se merecen otra cosa.
Borra pidió que la voluntad gubernamental y las propuestas que
conlleva se plasmen por escrito.
Su
sindicato, ahora mayoritario en la Función Pública, pone como ejemplo la
reunión que mantendrá hoy el consejo general de Muface,
la mutualidad de funcionarios que cubre la asistencia sanitaria, para intentar
reconducir los recortes de prestaciones que ha sufrido y buscar fórmulas para
garantizar la sostenibilidad de su modelo.
El
secretario general de CCOO, Ignacio
Fernández Toxo, habló en términos similares a los de Borra.
Urgió al Ejecutivo a dejarse de "desmentidos" y de declaraciones,
formales o informales, esforzarse en dar respuestas y corregir los
"desaguisados" cometidos estos años con los trabajadores de la
Función Pública.
La Federación
de Servicios Públicos de UGT también
denunció que el Gobierno lance un "globo sonda" para ganarse la
credibilidad perdida y pidió una "negociación real" con los
funcionarios sobre la devolución íntegra de la extra de 2012 y los días
perdidos de vacaciones.
El PSOE
tampoco perdió la oportunidad de criticar duramente al Gobierno por
"convertir en estrategia electoral cada una de sus propuestas". En
opinión del portavoz socialista en el Congreso,Antonio
Hernando, el Ejecutivo "actúa como pollo sin cabeza",
como si estuviera ya "en funciones", diciendo un día una cosa y al
siguiente la contraria.
Antonio Hernando pidió al Gobierno que "deje de tomar el
pelo y de jugar con los funcionarios y con los trabajadores en general". Y
añadió: "No es posible que una estrategia electoral del Gobierno ponga a
los pies de los caballos las expectativas de miles de funcionarios".
A Hernando se sumó la secretaria de Administraciones Públicas de
la Ejecutiva socialista, Susana Sumelzo, quien recalcó que las contradictorias
informaciones generadas por el Gobierno respecto a la devolución de la paga los
funcionarios son "una prueba más" del "desprecio y el maltrato
con el que el PP trata a los empleados públicos, que están", recordó,
"al servicio de toda la ciudadanía y merecen reconocimiento y
consideración".
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