El Gobierno considera que sin los empleados públicos no ganará las elecciones

Los funcionarios recuperarán el sexto moscoso y la extra que perdieron

El Gobierno considera que sin los empleados públicos no ganará las elecciones. El nuevo día libre se anunciará en enero y el cobro de la parte proporcional de la paga en verano

Objetivo: recuperar el voto de los funcionarios. El Gobierno teme que el descontento de los empleados públicos, por los recortes que llevan padeciendo desde el inicio de legislatura, le pase factura en las próximas elecciones. Por ese motivo, planea nuevas concesiones al personal de la Administración.

Según explican a El Confidencial Digital fuentes cercanas al ministerio de Hacienda, la secretaría de Estado de Administraciones Públicas está manteniendo reuniones reservadas con los representantes sindicales de los funcionarios en las últimas semanas. El mensaje a transmitir es el siguiente: “El Gobierno trabaja en restituir las prestaciones eliminadas en los últimos años”.

De hecho, Montoro aprobó la semana pasada que los empleados públicos recuperaran el quinto moscoso retirado en 2012 por el Ejecutivo, que dejó en tres los seis días libres de los que podían disponer los funcionarios.

Además, tal y como se ha publicado en estas páginas, el ministro ha encargado informes para analizar una pequeña subida de sueldo para el personal de la Administración. No obstante, desde Hacienda y los sindicatos apuntan a ECD que, en los próximos meses, habrá más concesiones.

Sexto moscoso y recuperación de la extra

Según las fuentes consultadas por este confidencial, el Gobierno ya maneja un calendario de actuación para recuperar el voto de los funcionarios, que incluirá los siguientes anuncios:

--Devolución del sexto moscoso. Se anunciará, probablemente, el próximo mes de enero. De esta forma, los funcionarios volverán a disponer de los mismos días de libranza que antes de 2012.

--La extra eliminada, al fondo de pensiones. La extra de Navidad eliminada por el Gobierno se ingresará en el fondo de pensiones de los funcionarios. La medida beneficiará a los empleados públicos estatales, pero no así a los autonómicos, que no disponen de ese fondo. El anuncio se realizará en torno al mes de marzo.

--Ingreso de los 40 días de la paga suprimida. Desde que el Gobierno eliminó la citada paga extra, en julio de 2012, los funcionarios han reclamado el pago de una parte proporcional de la misma: la de los 40 días previos a la aprobación de la ley. Ese dinero, unos 150 euros por trabajador, se pagará de forma masiva al inicio de verano de 2015.

Los médicos amenazan con una "interpretación literal" que dejaría a miles de enfermos sin baja laboral

El Foro de Médicos de Atención Primaria ha criticado el nuevo Real Decreto de Incapacidad Temporal aprobado por el Gobierno por incluir numerosos "errores" que perjudican al paciente y los profesionales, y avisa de que si no se modifica muchos ciudadanos podrían quedarse sin baja laboral cuando la necesiten. 

En una rueda de prensa celebrada tras la última reunión de esta institución, que está integrada por colegios profesionales, sindicatos y sociedades científicas, han censurado que dicha norma se aprobara en junio y haya entrado en vigor en septiembre "sin atender los planteamientos de estos profesionales".

"Es una falta de respeto", según ha destacado Jerónimo Fernández, de la Organización Médica Colegial (OMC), lamentando que no se les tenga en cuenta cuando en su día a día son los que "se encargan de dar la incapacidad temporal de la mayoría de los pacientes cuando se ponen enfermos".

Además, cuestionan que el RD incorpora nuevos aspectos que darán lugar a errores durante su aplicación, de ahí que amenacen con "hacer una interpretación literal" de la norma a partir de enero si antes el Gobierno no los ha rectificado.

Esto propiciará que haya "pacientes que no tengan su baja laboral y queden desprotegidos, o problemas en la tramitación de los partes que puede hacer que los pacientes dejen de recibir el dinero del pago que supone la incapacidad temporal", ha avisado Francisco José Sáez, de la Sociedad Española de Médicos Generales (SEMG).

Este profesional ha puesto como ejemplo que actualmente emiten partes de incapacidad temporal a pacientes que no acuden a la consulta a pesar de que, según marca la normativa, están obligados a hacerles un reconocimiento físico. "Hasta ahora, por no perjudicar a los pacientes estamos procediendo a incumplir la ley, pero con el cumplimiento exacto el paciente no tendría la baja", ha defendido.

Asimismo, denuncian que el nuevo sistema obliga a los médicos a incluir en los partes un código de ocupación de los pacientes --en función de su actividad laboral-- "que no tienen porqué conocer" y cuya inclusión de forma errónea podría hacer que no se tramite la baja y "que el paciente no cobre".

Los médicos saben que esta situación de "indefensión" para los pacientes también se puede extender a los propios profesionales, que temen que estos errores puedan provocar situaciones de violencia en las consultas.

"DIFÍCIL APLICACIÓN" DEL SISTEMA DE TRAMOS
Por otro lado, los médicos también critican que los "cuatro grupos de procesos" que definen la periodicidad en la emisión de partes de confirmación de baja son "claramente mejorables y producirán confusión en la práctica clínica" dada la variabilidad de los procesos.

"El sistema propuesto crea inseguridad en el profesional a la hora de indicar la baja laboral y al reevaluar situaciones clínicas que alarguen la misma", según han denunciado, lamentando que se haya optado por un sistema que "prefiere la facilidad estadística en detrimento de la sencillez en la aplicación práctica".

Todo ello, así como la incorporación de los Informes de control en número y periodicidad mayor de lo apropiado para un correcto seguimiento, genera un "aumento de la burocracia para el medico asistencial y para las Inspecciones Médicas de los Servicios Sanitarios, que están presionadas por la reducción del plazo de tiempo para contestar a una propuesta de alta".

El Foro de la Profesión ha reclamado una reunión "urgente" con los ministerios de Empleo y Sanidad, y piden a las comunidades que reconduzcan los fondos destinados por la Administración Nacional para una mejor gestión de las bajas para paliar las carencias en formación, circuitos administrativos, dotación de medios telemáticos y humanos de la Atención Primaria española, insistiendo en que "no pueden afrontar el reto que supone éste cambio legislativo con los recursos actuales".

Fuente: Diario Progresista

A partir de mañana recuperamos el segundo de los tres 'moscosos' suprimidos en 2012

Los empleados públicos recuperarán a partir de mañana el segundo de los tres días de asuntos particulares ('moscosos') que el Gobierno suprimió en el decreto 'antidéficit' de julio de 2012, de forma que contarán con un total de cinco.

Así se recoge en la Ley de Racionalización del Sector Público, tras la enmienda al respecto introducida por el PP durante su tramitación, que se publica este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor desde mañana.

Montoro deja de reírse de nosotros y busca apoyo en el colectivo de empleados públicos

El Gobierno está metido de lleno en la preparación de los Presupuestos Generales del Estado para 2015, el último año de legislatura. La bajada del IRPF es la medida estrella de las cuentas del año próximo. Esa rebaja de impuestos, a su vez, impide alegrías de gasto e inversión en un contexto de reducción del déficit. Dentro del poco margen existente, uno de los objetivos prioritarios de Hacienda es tener un gesto con los funcionarios, según fuentes del Ejecutivo. El Gobierno estudia la posibilidad de empezar a devolver la paga extra que se suprimió en 2012 y hacerlo en metálico.

La supresión de la paga de Navidad de 2012 fue una de las medidas adoptadas en julio de ese año junto con la subida del IVA y los recortes en las prestaciones por desempleo al comprobar el Gobierno que el déficit se le iba de las manos pese a la fuerte subida del IRPF y los duros recortes aprobados nada más llegar al poder. Varias sentencias obligaron después a distintas administraciones a devolver unos días de la paga suprimida por la retroactividad del decreto.

Ya al adoptar la medida, el Gobierno dijo que su plan era compensar esa supresión a partir de 2015 mediante aportaciones a planes de pensiones. Por eso, Hacienda trata de cuadrar las cuentas para evitar que al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pueda achacársele el incumplimiento de otra promesa, más aún en año electoral y tratándose de un compromiso que afecta a un colectivo tan numeroso.

La rebaja fiscal deja poco margen para alegrías en gasto e inversiones

Además, el Ejecutivo se está planteando empezar a devolver esa paga en metálico y busca margen para esa partida en los presupuestos del año que viene. Entre los argumentos para ese cambio están que el efecto directo inmediato sobre la economía de un pago en metálico será mayor que el de una aportación a pensiones, mientras que ambos computarían por igual en el déficit. Dado que hay poco margen para estimular la economía con gasto e inversión en un contexto de reducción del déficit y de rebaja del IRPF, en el Gobierno consideran que un pago en metálico serviría mejor para apuntalar la recuperación de la demanda interna. En un contexto de inflación mínima o en negativo. Hacienda se inclina por mantener la congelación de las retribuciones, con lo que este pago permitiría tener un gesto con el colectivo. El pago en metálico se notaría en el bolsillo de los funcionarios y empleados públicos, a diferencia de una aportación a pensiones.

La idea que manejan en Hacienda, según fuentes del Ejecutivo, es no devolver toda la paga extra de golpe, lo que supondría un aumento bruto de gasto del 7,7% en esta partida, sino en más de un ejercicio. Seguiría así el camino marcado con la rebaja del IRPF, que se va a repartir en dos años. En todo caso, la decisión final no está tomada todavía.

La fórmula de las pensiones conduce a una subida del 0,25% en 2015

En los Presupuestos de 2015, además, se aplicará por primera vez la fórmula que limita la revalorización de las pensiones. Aunque faltan por conocerse algunas estimaciones, esa fórmula dará un resultado negativo, con lo que se aplicará el suelo y la subida de las pensiones será del 0,25%. El gasto en pensiones, sin embargo, crecerá bastante más por el aumento del número de pensionistas y por el efecto sustitución: las prestaciones de los nuevos jubilados son mayores que las de los pensionistas que se mueren. Este año, en que el Gobierno decidió subir las pensiones un 0,25% sin siquiera usar la fórmula, el gasto en pensiones está creciendo a un ritmo del 3%, aproximadamente. Las cuentas de la Seguridad Social siguen muy tocadas (y lo seguirán en 2015) por ese aumento del gasto y porque la creación de puestos de trabajo apenas ha permitido mejorar los ingresos por cotizaciones. Las rebajas de sueldos, las bonificaciones como la tarifa plana y el empleo a tiempo parcial lastran la recaudación.

En otra de las grandes partidas de gasto, el Gobierno sí espera continuar con el ahorro en prestaciones por desempleo, que ya se viene produciendo este año. En cuanto a los gastos financieros, el incremento de la deuda hasta niveles récord contrarresta el ahorro por la rebaja de los tipos de interés de las nuevas emisiones. Con respecto a las inversiones, se esperan pocas alegrías aunque 2015 sea año electoral. No hay mucho dinero y, además, cortar cintas e inaugurar obras no se considera ya tan rentable electoralmente.

Fuente del texto: El País

Hacienda redacta un manual de agresiones a funcionarios

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está ultimando el diseño de un protocolo de actuación contra las agresiones físicas, verbales y amenazas que sufren los empleados públicos en su puesto de trabajo, ante el "volumen creciente" de estas situaciones durante los últimos años. 

Este protocolo, que generaliza las experiencias piloto realizadas en algunos ámbitos como las oficinas de empleo, ha sido puesto en común con todos los ministerios y se aplicará en el conjunto de las Administración General del Estado y sus organismos dependientes.

Tal y como reconoce Hacienda en su informe, durante 2013 "se ha producido un incremento en el número de incidentes registrados, distribuidos en un amplio número de organismos, pero especialmente concentrados en el área de empleo".

Esta situación se atribuye a la sensibilidad de los ciudadanos acrecentada por la situación de crisis prolongada.

El Gobierno contemplará como episodio de violencia las agresiones físicas ("pegar, golpear, empujar") y las conductas amenazantes que sufren los empleados públicos en su puesto de trabajo, principalmente los abusos verbales y las amenazas, puesto que son los incidentes más comunes.

El documento recalca que estas situaciones son "delitos específicos contra la autoridad, sus agentes y funcionarios públicos", reciben el nombre de atentados, resistencia y desobediencia y están regulados en el artículo 550 del Código Penal.

El protocolo recabará la experiencia personal de los empleados públicos que realizan trabajos con especial riesgo, como pueden ser el trabajo con el público, personaciones o embargos.

Se establecerá además un dispositivo preventivo adaptado en cada ámbito que incluye sistemas de detección, timbres de alarma, pantallas, personal de seguridad, cámaras y protocolos de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

A partir de ahí, establece una serie de actuaciones durante la situación de riesgo y grados de alerta, así como simulacros periódicos, que refuercen la concienciación y las conductas preventivas de los empleados públicos.

Igualmente, se prevén actuaciones de apoyo jurídico y psicológico por parte del Estado y la contratación de seguros de garantía de reclamación ante terceros por daños y perjuicios por malos tratos u ofensas verbales.

Este tipo de situaciones se han elevado de manera exponencial desde el comienzo de la crisis, pero al no existir un registro sistematizado, salvo en ámbitos específicos como los centros penitenciarios, no es posible determinar una cifra, indica. 

la devolución de un moscoso no compensa a los empleados públicos los derechos suprimidos y los recortes salariales

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha reiterado su oposición a la Ley de Racionalización del Sector Público, ratificada hoy en el Congreso. Se trata de una ley que UGT considera negativa tanto en el contenido como en la forma. Desde el inicio se ha presentado sin mediar negociación. De forma unilateral, a través de enmiendas, se ha aprovechado para modificar sustancialmente el Estatuto Básico del Empleado Público, un documento que contó con un amplio consenso tras meses de intenso trabajo entre el Gobierno, las Comunidades Autónomas y los representantes de los trabajadores.

UGT ha señalado que la devolución de un “moscoso” no compensa los daños que producirá esta ley. La medida recorta servicios públicos y no restituye los derechos suprimidos a los empleados públicos. El sindicato recuerda que el colectivo ha sufrido una drástica pérdida de poder adquisitivo y, además, mantiene todavía muy por debajo los días de vacaciones y asuntos propios que se venían disfrutando antes del recorte.

Sobre estos últimos, FSP-UGT ha informado de que el 25 de septiembre se dirimirá en la Audiencia Nacional el conflicto colectivo interpuesto por UGT por la supresión de moscosos y canosos.

UGT reitera la falta de diálogo dentro las Administraciones Públicas, una situación que el Gobierno del Partido Popular ha convertido en endémica desde su entrada al poder.

Aprobada la Ley de Racionalización del Sector Público que recupera un Moscoso

El pleno del Congreso aprobó ayer definitivamente la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, una norma que pretende garantizar la eficiencia del gasto, así como la eliminación de duplicidades y determinados entes y organismos públicos.

Tras la aprobación de la ley los funcionarios recuperarán el segundo día de libre disposición ("moscoso") de los tres suprimidos en 2012 dentro de las medidas para reducir el déficit, una enmienda al proyecto de ley que fue introducida por el PP.

Tras cuatro años seguidos de congelación salarial, tras la perdida del 10% en 2010, tras la pérdida de la paga extraordinaria de navidad en 2012 y tras la perdida de tantos otros derechos laborales, creemos desde la UGT que el próximo año 2015 ha de ser el año en el que el Gobierno tiene que comenzar a devolver gran parte de lo perdido, y sobre todo lo prometido en su día "la devolución de la extra de Navidad de 2012".

Partes de baja y de confirmación: ¡ llegan cambios !

Hasta la entrada en vigor el 1 de septiembre de este año del RD 625/2014 del 18 de julio, los pacientes que necesitaban una baja laboral recibían el día de la visita el parte correspondiente de baja, siempre que ésta fuera pertinente; si la contingencia era común (controlado por el médico de familia) 4 días después debía pasar a buscar el 1º parte de confirmación, si era por accidente de trabajo o enfermedad profesional pasaba a ser a los 7 días y en ambos casos continuaba recogiendo un parte cada semana, hasta el alta, que debía entregar a su empresa.

A priori parece que no era algo complicado de realizar, pero cuando te pones en la piel de un paciente que no se encuentra bien (por algo tiene la baja), que en muchas ocasiones presenta dificultades para caminar, el hecho de tener que ir cada semana a buscar un parte de confirmación era un inconveniente a tener en cuenta.

A esto se añade que hoy en día muchas personas viven solas, y en situación de enfermedad, pueden necesitar la ayuda de otras personas para realizar sus actividades más básicas de subsistencia como puede ser comer, asearse, etc.

Una vez a la semana debía pedir que pasara a recoger su parte de confirmación de baja y llevarlo a su empresa (o enviarlo por FAX si la empresa así lo aceptaba) y esto se repetía 52 veces, o sea durante los 365 días que es el máximo que puede durar una baja laboral sin pasar a depender del INSS.

A partir del RD 625/2014 cambia un poco la situación dependiendo no sólo de la enfermedad que se diagnostique, sino de la profesión y la edad del paciente:

• Si la duración estimada es menor o igual a 5 días naturales se podrá salir de la consulta del médico con el parte de baja y el de alta.

• Si se supone que la patología que presenta tiene una duración probable de entre 5 y 30 días, tendrá que ir a por su primer parte de baja a los 7 días y los siguientes se recogerán cada 14 días.

• En patologías en las que se prevea una duración entre 31 y 60 días, se repite lo de tener que acudir a recoger el 1º parte de confirmación a los 7 días y los siguientes podrán ser recogidos cada 28 días.

• Si la enfermedad va a tener un curso mayor a los 61 días, el 1º parte se recogerá a los 14 días y los posteriores cada 35 días.

En cualquier caso, el médico puede decidir que el parte de confirmación se emita antes de lo estipulado por las tablas, pero nunca después.

¿Quién decide el tiempo estimado de duración de la patología que presenta el paciente?:

El gobierno ha realizado unas tablas de duración óptima tipificada para las diferentes patologías que puedan precisar de una incapacidad laboral transitoria (IT o Baja), teniendo en cuenta como ya he comentado la edad y la profesión del afectado…facilísimo…

A mi parecer no supone una mejora sustancial en cuanto a lo que se venía haciendo hasta ahora, porque igualmente se ha de ir a por los partes de confirmación aunque presentes una fractura bilateral de tibia y peroné (por poner un ejemplo) que te va a dejar sin poder deambular durante un mínimo de 12 semanas precisando además de un período de rehabilitación más largo, vas a tener que seguir enviando a alguien a que te vaya a buscar el parte de confirmación; igual es una medida para que busquemos todos pareja o vivamos en comunidad, vete a saber…

Por otro lado, cada vez que cambie el diagnóstico durante la baja (si un resfriado al final resulta ser una neumonía, etc.), se tendrá que revisar la tabla de recomendaciones y adaptar la recogida de partes a la nueva situación.

Para el médico se añade que a partir de los 30 días de baja del paciente deberá enviar un informe al INSS (instituto Nacional de la Seguridad Social) donde detalle no sólo la exploración del paciente si no todas las pruebas complementarias realizadas y la explicación de por qué sigue de baja, y deberá repetir este proceso cada 2 partes de confirmación, para que los Inspectores del INS puedan comprobar que todo está correcto y que la baja está justificada…

Resumiendo: desde mi punto de vista no hay ningún cambio que sea favorable ni para el paciente ni para el médico, simplemente más complicaciones para ambos, un lío con saber si ahora has de ir cada 7 días o cada 14 o cada 28 a buscar los partes y más trabajo administrativo para nosotros los facultativos…

Y todo esto funcionará igual aunque la patología sea derivada de contingencia común, accidente no laboral, accidente de trabajo o enfermedad profesional…

Eso sí, a pesar de que el RD ha entrado en vigor el 1 de Septiembre, hay un tiempo para que todo empiece a funcionar según lo que se ha establecido.

Si fuera creyente diría: ¡que Dios nos coja confesados!

Fuente: http://draherraizmedicoypaciente.com/